COMENTARIOS DE "LA JORNADA"

Los expedientes reservados contra el SME

José Antonio Almazán González

Los dos documentos que Felipe Calderón envió el martes 13 de octubre a la Cámara de Diputados, clasificados de reservados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, forman parte de la burda maniobra urdida en Los Pinos para justificar el plan inicial, no descartado, de reprimir violentamente al Sindicato Mexicano de Electrcistas (SME) y encarcelar a su dirección nacional encabezada por Martín Esparza Flores, bajo el supuesto de disturbios sociales” y “eventuales ataques al sistema eléctrico nacional”. Veamos los hechos.

Los documentos que recibió el panista Francisco Ramírez Acuña en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados son: a) Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, reservado por un año, y b) Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, ¡reservado por 12 años!, en los términos de los artículos 13 fracción I y 14, fracción VI de la citada ley.

Tres días después, para darle tiempo al operativo fascista, el viernes 16 de octubre, a las tres de la tarde, Ramírez Acuña los turnó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco José Rojas Gutiérrez. Finalmente, el martes 27 de octubre, el grupo plural de diputados que tiene la encomienda de analizar la conveniencia de la controversia constitucional ante el decreto de extinción de LFC recibió dichos documentos. Las fechas son significativas porque muestran el retraso deliberado en la entrega, entorpeciendo la discusión y posicionamiento en la Cámara de Diputados.

¿Qué contienen estos documentos clasificados como reservados?, “cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, según establece el artículo 13 en su fracción I. El Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es un glosario de datos, muchos de los cuales pueden ser consultados vía Internet.

A lo largo de sus 68 páginas sobresale la sarta de mentiras para responsabilizar al SME, al contrato colectivo de trabajo y a los trabajadores electricistas y jubilados de las pérdidas y deficiencias de LFC. Lo que destaca en este documento es la falsedad de que LFC puede funcionar con 8 mil 900 trabajadores, según “información proporcionada por la CFE”, y que los jubilados resultan una carga insostenible

En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, además de una falsa visión de su situación actual, en su página 12, en el inciso E: Desventajas de las soluciones propuestas, se muestra el criminal cálculo político del gobierno: “es de destacar que en la implantación de las soluciones propuestas en el presente informe se liquidarían aproximadamente 44 mil 600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectivo-laboral. Ello podría implicar:

“1. Riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida;

“2. Eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de LFC, pero que pueden resultar inevitables, y

“3. Instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LFC.”

Pero el perverso cálculo de Calderón no funcionó. El SME no cayó en provocaciones. Los trabajadores electricistas no se tragaron el anzuelo de las liquidaciones. Más de la mitad de los agremiados del SME (activos y jubilados) se ampararon. Se logró una suspensión provisional del decreto de extinción. El SME y su dirección lograron la ratificación de su personalidad jurídica y la campaña mediática ha venido a menos, ante el creciente respaldo popular que se hará sentir en el paro nacional del 11 de noviembre. ¡No pasarán!




Lo fiscal y la improvisación

Octavio Rodríguez Araujo

Hace algunos años, cuando Salinas se ostentaba presidente de la República, Pedro Aspe Armella, egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Instituto Tecnológico de Massachussets, era secretario de Hacienda y Crédito Público. Sabía de finanzas, pero poco de México. Quiso convertir el paraíso fiscal que había sido México en un país donde la recaudación de impuestos abarcara a todos los que tuvieran ingresos y se hizo obligatorio que todo mundo diera recibos fiscales a quien pagara por un bien o servicio, desde un taxista o un plomero hasta las grandes empresas que producen o venden bienes y servicios. Ciertamente no conocía el país y tal vez llegó a pensar que estaba en Estados Unidos o en Europa. Pronto la realidad se impuso y millones de mexicanos continuaron con la práctica de no exigir ni dar recibos o de dar notas de remisión en lugar de facturas para evitar el cobro del IVA y ahorrarse un porcentaje (normalmente 15 por ciento) en el costo del bien o servicio.

La intención de Aspe no funcionó y México sigue siendo un paraíso fiscal salvo para los causantes cautivos que no tienen forma de eludir sus obligaciones fiscales ni contadores que los ayuden. Los gobiernos se hicieron como que no veían, porque exprimieron los ingresos derivados del petróleo, y porque así, según ellos, incentivaban la economía, especialmente de las grandes empresas (no se vayan a ir si les cobramos lo que deben pagar).

El colmo fue con Fox. En su gobierno si yo compraba una cajetilla de cigarros pagaba 15 por ciento de impuesto, o tal vez más, pero si compraba un banco, Banamex para el caso, en una operación de más de 10 mil millones de dólares, se me perdonaba el IVA. Escándalo que quedó debajo del tapete o en el anecdotario fiscal del país. Como la economía informal seguía creciendo, y se ha tolerado para evitar que la inconformidad social se generalice y se vuelva explosiva, no sólo se evade el pago de electricidad (diablitos) y el de rentas por uso del suelo, sino que quienes viven de ella, tanto lícitamente como no (contrabando y piratería), no pagan impuestos.

El resultado es que en México se eluden los impuestos y el Estado capta por esta vía mucho menos de lo que debiera. Menos de 9 por ciento de los trabajadores paga el impuesto sobre la renta (ISR) en tanto que en otros países lo hace 60 por ciento o más de la gente que percibe un ingreso por la razón que sea. Y los empresarios son, aun por titubeante reconocimiento de Calderón, los que menos pagan por elusión permitida y hasta legal (según dicen), es decir, por exenciones, créditos fiscales, subsidios, deducciones y otros estímulos que no tienen las clases medias ni los trabajadores formales.

Todas las iniciativas fiscales y todos los debates sobre la ley de ingresos que año con año se establecen en el Congreso se han caracterizado por la improvisación y no atreverse a seguir una política impositiva progresiva, es decir, que pague más el que gane más. Gobierno y legisladores tienen miedo a los empresarios, y éstos, que ya les tomaron la medida, amenazan año con año con retirar sus negocios del país o limitar su inversión, y para no parecer mezquinos aluden al empleo que proporcionan y al desempleo que provocarían de apretárseles las tuercas fiscales. Mejor, entonces, usar el IVA que todos pagan al comprar una pasta de dientes o un refresco. Si las empresas pagaran el ISR que deben pagar no hubiera sido necesario subirle un punto porcentual al IVA, pero priístas, panistas y sus cómplices no quieren aceptarlo, aun sabiendo que no es lo mismo pagar unos pesos de IVA para una persona con tres a seis salarios mínimos que para otra con cien mil o más de ingreso mensual. Y todavía se quería imponer el impuesto al valor agregado a medicinas y alimentos de consumo masivo (masivo no quiere decir de todos, pues todavía en 2008, gracias a Calderón, 18.2 millones de mexicanos padecían pobreza alimentaria, es decir, incapacidad para obtener una canasta básica de alimentos aun si hicieran uso de todo su ingreso disponible para comprarla).

El proyecto de Calderón sobre el presupuesto era, si se ve con buenos ojos, lógico en su política económica típicamente neoliberal. Se le puede criticar por muchos conceptos, pero no se le puede pedir que sea un gobernante a favor de los pobres y de las clases medias (cada vez más depauperadas) cuando expresamente ha actuado, como todos los gobiernos neoliberales (priístas y panistas), a favor de los más ricos en el país. Lo grave es que tanto diputados como senadores, que cuentan con los mejores asesores que sus respectivas cámaras les puedan pagar (y que pagamos nosotros), tuvieran que improvisar quitando numeritos por ahí y poniendo otros por allá, para terminar diciendo que el paquete económico que aprobaron no era el que les hubiera gustado, sino el mal menor y que “nos dejó insatisfechos”. Uno esperaría que por lo menos los legisladores del PRI, que en la Cámara de Diputados son mayoría, y que sabían que en estas fechas se discute la ley de ingresos y los presupuestos para el año siguiente, hubieran tenido una propuesta propia y no terminaran parchando la de Calderón para luego decir que el año entrante revisarán a detalle la política fiscal.

Debe quedar en claro que no estoy en contra de los impuestos, herramienta fundamental para distribuir la riqueza producida en un país, siempre y cuando se quiera distribuir, que no es el caso mexicano.

La idea de Aspe de ampliar el registro de contribuyentes y de que todo mundo pague el impuesto que le corresponda no era mala, aunque en su técnica poco apropiada para la realidad mexicana. Pero nada se ha hecho para corregir esta realidad ni la técnica recaudatoria. Se sigue improvisando y los legisladores y sus partidos, que mucho nos cuestan, no hacen nada para cumplir con su papel de contrapeso del Ejecutivo, salvo usar tijeras y pegamento para “enmendar” la política fiscal de un gobierno desinteresado totalmente en el futuro del país y en la distribución de la riqueza.